La votación favorable de la cámara alta era el último paso necesario para la introducción de nuevas reglas para la generación distribuida. La Cámara de Diputados había dado media sanción a la ley en septiembre.
El Senado argentino ha aprobado la ley de Generación Renovable Distribuida con 65 votos favorables y ninguno contrario, según indicó Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), a pv magazine.
La votación del Senado era el paso final necesario para la introducción de la ley, después de la media sanción de la Cámara de Diputados que fue dada en septiembre.
Álvarez ha comentado la votación especificando que ahora el gobierno y las autoridades competentes deberán reglamentarla de forma virtuosa sobre todo en lo relativo a cómo se usarán los incentivos fiscales, financieros y tarifarios garantizados por la nueva ley.
La entrada en vigor de las nuevas disposiciones, según Álvarez, debería concretarse en el primer trimestre del 2018. El texto de la ley aprobado por la Cámara de Diputados fue el resultado de los distintos proyectos de ley sobre la generación distribuida que fueron presentados por todas las fuerzas políticas argentinas durante los años pasados. El texto unificado de la nueva ley prevé que se autorice la la venta del exceso de electricidad de generadores de fuentes renovables a la red nacional bajo un mecanismo de medición neta.
La nueva ley, además, contempla que todo proyecto de construcción de edificios públicos contemple la utilización de instalaciones de generación distribuida de fuentes renovables, y que las empresas distribuidoras no añadan ningún tipo de cargo adicional por mantenimiento de red, tarifa de acceso, respaldo eléctrico o cualquier otro tipo de peaje asociado a la instalación de sistemas de generación distribuida.
Con la nuevas reglas, además, se creará el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) de aproximadamente 500 millones de pesos (28,7 millones de dólares), para ayudar a los propietarios de viviendas y las pequeñas y medianas empresas a resolver la cuestión de la financiación.
La ley, además, podría incluir una serie de beneficios fiscales para los prosumidores, para los que se ha previsto una partida adicional de 200 millones de pesos (11,5 millones de dólares).
Fuente: PV Magazine.