En diciembre se realizará en Francia la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP21, por ser la vigésima primera reunión sobre el tema. Ahí, Chile deberá definir su compromiso para reducir las emisiones de CO {-2} .
El Gobierno se ha comprometido, hasta ahora, a recortar en 20% las emisiones a 2020. Pero ahora deberá elegir, adicionalmente, entre dos opciones. La primera (conocida como opción A) es la más exigente y considera reducir la intensidad de las emisiones brutas por unidad de PIB -respecto de 2007- entre 30% y 35% a 2025, y 40% y 45% a 2030.
La opción B plantea una rebaja de entre 25% y 30% a 2025, y 35% y 40% a 2030.
Chile representa hoy el 0,3% de las emisiones de CO {-2} a nivel mundial. Cumplir con la menos ambiciosa de las alternativas -opción B- afectaría el 0,1% el PIB, equivalente a unos US$ 409 millones. Esto, basado en la proyección del FMI para el PIB de Chile en 2014, de US$ 409.329 millones en paridad de poder de compra.
Los cálculos hechos por Cristián Muñoz, de Breves de Energía, consideran este escenario base, pero con alta mitigación, y se basa en las medidas propuestas por MAPS, estudio encargado por el Gobierno.
En este cálculo se considera eficiencia energética, forestación, instalación de más centrales a gas, energía eólica, solar y nuclear; pero no considera el desarrollo de centrales hidroeléctricas de gran magnitud, medida que sería altamente efectiva en la reducción de emisiones, pero su concreción se ve poco probable en el corto plazo. Este escenario mínimo en términos de metas de reducción, pero de alta mitigación y sin centrales hidroeléctricas de gran magnitud, elevaría también en 6% el precio de la energía.
Muñoz asegura que tanto el estudio MAPS como uno encargado por la Asociación de Generadoras a Boston Consulting Group (BCG) muestran que las metas ambiciosas de reducción de emisiones no se podrán lograr sin el desarrollo del potencial hidroeléctrico. Lo anterior, porque implicarían aumentos insostenibles de tarifas eléctricas, por lo que la política podría ser abandonada.
El compromiso que se tome en COP21, a diferencia de la meta 20/20, es vinculante. Es decir, no cumplirlo podría tener un costo para el país.
Beneficio a largo plazo
Andrea Rudnick, miembro de MAPS Chile, explica que la tasa anual de reducción de intensidad de emisiones que propone Chile para los próximos 23 años es de 1,47%, mientras la mayoría de los países OCDE -22 de 34- presentan tasas anuales mayores. «Si Chile adopta estrategias de mitigación similares a las incurridas por otros países OCDE y suponiendo crecimientos económicos del orden de 3% y 4%, es posible incluso cumplir la opción A», explica. Pero agrega que para alcanzar la meta Chile deberá invertir principalmente en medidas que logren aumentar la productividad y la eficiencia de cada sector.
«Es posible para el país ser más productivo y más eficiente. En el corto plazo esto significa un impacto negativo en el PIB, ya que la reducción de intensidad de emisiones requerirá de inversiones. Sin embargo, en el mediano plazo esto impactará positivamente a la economía generando un efecto positivo en el PIB y un aumento en el empleo», señala Rudnick.
Nicola Borregaard, jefa de la división de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, advierte que si las emisiones de los chilenos siguen creciendo de acuerdo con lo proyectado, a nivel per cápita emitiremos significativamente más que países que hoy están en un nivel alto. «En el escenario de esfuerzo alto de mitigación, MAPS concluyó que, hasta 2020, se aprecia una desviación negativa del empleo y PIB de hasta 1% respecto de los valores de Línea Base. Posteriormente, se observa, para ambas variables, una diferencia positiva y creciente, mayor a la estimada para el escenario base, que alcanza a un impacto positivo de 7,4% y 6,3% al año 2030, respectivamente», explica.
Fuente: Economía y Negocios